Derecho Medioambiental
El Derecho Ambiental es una disciplina jurídica en
formación. Es posible, no obstante, identificar las que constituyen hoy sus
principales características, las cuales le otorgan en conjunto la suficiente
especificidad para justificar la existencia de un área especializada con dicho
nombre.
El origen de esta especialidad se encuentra conectado al momento histórico en
el cual la "cuestión ambiental" se incorpora a la agenda pública. La
sociedad civil en determinados países, inicialmente los industrializados,
encuentra en los problemas ambientales amenazas serias para su salud y su
supervivencia como sociedad en el largo plazo, asumiendo la posibilidad de
introducir reformas o cambios institucionales capaces de enfrentar dichos
riesgos. Históricamente siempre ha existido una preocupación sobre la relación
entre el hombre y la naturaleza. Lo distinto de la cuestión ambiental
contemporánea deriva de una concepción "holística" (todo incluido)
que concibe el ambiente como un sistema en el cual sus distintos componentes
(vivos y no vivos) generan en conjunto algo más que la simple suma de sus
partes (sinergia). También se percibe que existe una relación entre la acción
humana y el problema ambiental que genera responsabilidad. El problema
ambiental no es fruto de azar o de los caprichos de la naturaleza, sino es un
efecto (deseado o no) de las actividades del hombre. Por ello, es posible
regularlo. El Derecho Ambiental regula por lo tanto relaciones humanas que
tienen al ambiente como campo de batalla, la lucha por la distribución de los
riesgos modernos. El conocimiento y la percepción sobre la naturaleza de dichos
riesgos y los medios para enfrentarlos han ido desde luego variando, pero en
general se asume que existen ciertas "condiciones ambientales mínimas"
que hacen posible el desarrollo pleno de la persona humana y que, en palabras
de Amartya Sen, no reducen significativamente los "vectores de
desarrollo" personal, permitiendo la expansión de las libertades reales de
que gozan los seres humanos. Desde luego, existe discusión respecto a dichas
condiciones y sobre los mejores medios para alcanzarlas. Finalmente, también es
neceario identificar las fuentes o causas de los riesgos ambientales y los
efectos o impactos que generan o podrían generar, de tal manera que podamos
contar con la información que nos permita decidir adecuadamente sobre los
mejores medios para alcanzar las metas de proteccion mediambiental.
Esta perspectiva implica que el Derecho Ambiental debe resolver tanto problemas
de Justicia (ambiental) como de eficiencia (ambiental). Lo primero está
vinculado con criterios éticos y políticos para asignar las cargas y riesgos.
Lo segundo está ligado a criterios técnicos y de costo-beneficio al momento de
optar por distintas opciones e instrumentos de política y derecho. Desde luego,
ambos procesos se presentan interrelacionados. No obstante, el primer proceso
alcanza mayor intensidad frente a la definición tanto del contenido del derecho
a un ambiente adecuado como en la definición de la política ambiental. Lo
segundo se hace más intenso respecto de la selección de los instrumentos y su
aplicación. Y atravezando todo el proceso, el Derecho aparece interrelacionado
fuertemente con el conocimiento científico, que le brinda la base para muchas
de las decisiones críticas que deben tomarse.
El entender de esta manera el Derecho Ambiental hace fácil explicar la
interrelación con las distintas especialidades dentro del Derecho. Esto sucede
en primer lugar porque instituciones jurídicas centrales, como
"propiedad" y "responsabilidad" o "derechos
humanos" son necesarias para precisar el contenido del derecho al ambiente
adecuado y el sistema de cargas y riesgos. Del mismo modo, la necesidad de
atender problemas éticos, políticos, técnicos y económicos, lleva a acudir a
las disciplinas distintas a la jurídica relacionadas con dichas materias.
Esta perspectiva implica que el Derecho Ambiental debe resolver tanto problemas
de Justicia (ambiental) como de eficiencia (ambiental). Lo primero está
vinculado con criterios éticos y políticos para asignar las cargas y riesgos.
Lo segundo está ligado a criterios técnicos y de costo-beneficio al momento de
optar por distintas opciones e instrumentos de política y derecho. Desde luego,
ambos procesos se presentan interrelacionados. No obstante, el primer proceso
alcanza mayor intensidad frente a la definición tanto del contenido del derecho
a un ambiente adecuado como en la definición de la política ambiental. Lo
segundo se hace más intenso respecto de la selección de los instrumentos y su
aplicación. Y atravezando todo el proceso, el Derecho aparece interrelacionado
fuertemente con el conocimiento científico, que le brinda la base para muchas
de las decisiones críticas que deben tomarse.
El entender de esta manera el Derecho Ambiental hace fácil explicar la
interrelación con las distintas especialidades dentro del Derecho. Esto sucede
en primer lugar porque instituciones jurídicas centrales, como
"propiedad" y "responsabilidad" o "derechos
humanos" son necesarias para precisar el contenido del derecho al ambiente
adecuado y el sistema de cargas y riesgos. Del mismo modo, la necesidad de
atender problemas éticos, políticos, técnicos y económicos, lleva a acudir a
las disciplinas distintas a la jurídica relacionadas con dichas materias.
El entender de esta manera el Derecho Ambiental hace fácil explicar la
interrelación con las distintas especialidades dentro del Derecho. Esto sucede
en primer lugar porque instituciones jurídicas centrales, como
"propiedad" y "responsabilidad" o "derechos
humanos" son necesarias para precisar el contenido del derecho al ambiente
adecuado y el sistema de cargas y riesgos. Del mismo modo, la necesidad de
atender problemas éticos, políticos, técnicos y económicos, lleva a acudir a
las disciplinas distintas a la jurídica relacionadas con dichas materias.
Los resultados de estas operaciones (determinación de las
condiciones ambientales esperadas, la identificación de los riesgos y la
definición de los mejores medios para enfrentarlos) son traducidos a
instituciones jurídicas, derivando en un sistema de asignación jurídica de
cargas y riesgos ambientales entre los distintos actores de la sociedad,
generando a su vez obligaciones y responsabilidades específicas. La finalidad
última de este sistema es el asegurar el mantenimiento de las condiciones
ambientales, o dicho en términos jurídicos, la protección del ambiente, de tal
forma que se asegure la posibilidad efectiva del goce del derecho a un ambiente
adecuado.
